El juez penal de Garantías, Martín Areco, resolvió otorgar arresto domiciliario a dos de los tres agentes penitenciarios

 El juez penal de Garantías, Martín Areco, resolvió otorgar arresto domiciliario a dos de los tres agentes penitenciarios que permanecían bajo prisión preventiva por la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. De esta manera, el armero del penal es el único de los cuatro imputados que continuará recluido en un centro dependiente del Ministerio de Justicia.

Tras una audiencia de revisión de medidas solicitada por las defensas técnicas, el juez penal de Garantías, Martín Areco, benefició con la medida de arresto domiciliario a los agentes Eugenio Odilón Silva Vázquez y Celso Romei Quevedo Añazco. Ambos procesados lograron demostrar arraigo y presentaron fianza suficiente para responder al proceso por hurto especialmente grave fuera de la reclusión, criterio que fue aceptado por el juez a pesar de la acción penal impulsada por el fiscal Andrés Cantaluppi.

Diferente suerte corrió el agente José Asunción Figueredo Vera, cuya solicitud de suspensión de la prisión preventiva fue rechazada. A pesar de presentar fianza y justificar arraigo a través de sus abogados, el juez determinó que Figueredo debe seguir en prisión debido a su rol crítico el día del hecho.

Al momento de la desaparición de las armas, Figueredo se desempeñaba como el principal responsable de la custodia de la armería. La resolución judicial enfatiza su condición de “comandante de la armería” y destaca movimientos sospechosos captados entre las 19:48 y 21:13 del día del robo, donde se le observa entrando y saliendo del recinto con un bolso de mano.

El caso se remonta a la noche del pasado 31 de enero, cuando se reportó el faltante de cinco pistolas del penal, situación que derivó en una intervención institucional y la imputación de cuatro funcionarios, de los cuales ahora solo uno afrontará el proceso privado de su libertad.