Imputan a funcionarios penitenciarios tras fuga de miembros del PCC

 El Fiscal Alcides Giménez imputó a cinco funcionarios penitenciarios que habrían facilitado la fuga de peligrosos criminales recluidos del PCC en la Penitenciaría de Minga Guazú y al mismo tiempo solicitó la prisión preventiva de todos ellos.

Los procesados son Pedro Arnaldo López Martínez, Benicio de Jesús Romero Aguilar, Ariel Gustavo Mareco Benítez, José Carlos Alfonso Torres y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro, quienes enfrentan cargos por frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos, previstos y penados por los artículos 292 y 294 del Código Penal.

El pedido de prisión preventiva se basa en la peligrosidad de los procesados ​​y el riesgo de obstrucción a la investigación. “Existen elementos suficientes que indican que los imputados podrían entorpecer la recolección de pruebas o incluso darse a la fuga”, señalan los fiscales en el documento de imputación. Asimismo, la Fiscalía destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial. “La prisión preventiva es la medida más adecuada para asegurar la presencia de los procesados ​​en el juicio y evitar cualquier tipo de influencia sobre testigos o peritos”, afirmaron.

El Juzgado de Garantías deberá resolver en los próximos días sobre la solicitud del Ministerio Público y determinar si los imputados serán trasladados a una penitenciaría mientras avanza el proceso. Se espera que en las próximas semanas se amplíen las diligencias investigativas, incluyendo el análisis de las evidencias incautadas y la toma de declaraciones a testigos clave.

La penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú se vió envuelta en un escándalo tras la fuga de varios miembros del Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las facciones criminales más temidas de Brasil. La fuga, que se produjo bajo circunstancias alarmantes, ha puesto en tela de juicio la seguridad del centro penitenciario y la responsabilidad de los funcionarios encargados de su vigilancia.

Según la investigación, los hechos quedaron registrados en las cámaras de CCTV del penal, que son monitoreadas por Jonathan Nicolás Barúa Chamorro. Las imágenes muestran a los guardiacárceles Romero Aguilar, Mareco Benítez, Alfonso Torres y López Martínez trasladando a los reclusos Juan Insfrán, Wilson Rotela y Miguel Insfrán hacia las celdas del sector conocido como «soleado». Durante el proceso, se dejó la llave de seguridad puesta en la puerta de hierro, lo que facilitó la fuga de Rotela.

Una vez que López Martínez se retiró al sanitario, Wilson Rotela aprovechó la oportunidad para destrancar la puerta de su celda y salir al exterior. No solo logró escapar, sino que también abrió las puertas de otras ocho celdas colindantes, liberando a varios internos. Entre ellos se encontraron Blas Pablo Melgarejo Benítez (alias Chopalé), Marcio Quadra Caetano y Derlis Ramón Giménez, quienes rápidamente se dirigieron al techo del penal y treparon la muralla, donde encontraron un grillete con la cadena cortada y la llave puesta.

Los reclusos descendieron por un ducto de agua y se arrastraron por debajo del tejido de alambre perimetral, conocido como «tierra de nadie». Posteriormente, subieron a una garita y descendieron al exterior utilizando cortes de tela y sábanas. Este plan de fuga elaborado pone de manifiesto no solo la falta de seguridad en el penal, sino también la complicidad de algunos funcionarios.

La fuga de miembros del PCC de la penitenciaría de Minga Guazú ha desatado una crisis de seguridad que requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Con varios reclusos aún en libertad y la posible complicidad de funcionarios, la situación plantea serias preguntas sobre la capacidad del sistema penitenciario para manejar a criminales peligrosos.